Desde hace años la prensa colombiana ha denunciado casos de “falsos positivos”: situaciones en las que inocentes son asesinados al simular ser guerrilleros. Sin embargo estos escenarios empezaron a llamar la atención desde septiembre del año pasado, cuando se descubrió que cerca de 20 jóvenes que habían desaparecido a comienzos de 2008 en la provincia de Soacha, estaban sepultados cerca de la frontera con Venezuela.
El ejército aseguró que se trataba de guerrilleros abatidos en combate, pero el proceso judicial comenzó luego de que los familiares de los jóvenes aseguraran que éstos no pertenecían a un grupo armado y que desaparecieron después de que una persona les ofreciera trabajo en otro lugar del país.
Las investigaciones de la fiscalía han apuntado desde entonces a la existencia de una red dedicada a reclutar a gente de origen humilde para entregarlos a militares que los ejecutaban para ganar reconocimiento de sus superiores o premios, como días de descanso.
Es fundamental recordar que este episodio provocó la renuncia del entonces comandante del Ejército colombiano, general Mario Montoya, uno de los oficiales más cercanos al presidente Álvaro Uribe y “cerebro” del rescate de Ingrid Betancourt y tres estadounidenses, el pasado 2 de julio.
De todas formas, los casos continuaron y el último en llegar a los medios fue la ejecución de Fair Leonardo Porras Bernal, un joven analfabeto y con problemas de sicomotricidad, derivados de una meningitis que lo afectó de niño.
El joven quién vivía en Bogotá fue llevado hasta una zona de conflicto del noreste del país donde los uniformados habían decidido vestirlo de camuflado y asesinarlo, sin olvidar "adornarlo" con un arma de fuego.
Los militares: dos oficiales, un suboficial y tres soldados profesionales, miembros del Batallón Francisco de Paula Santander de la II División del Ejército, parecieron no darse cuenta que Porras era zurdo, y pusieron el arma en su mano derecha.
Según la Fiscalía de Colombia, éstos militares que se encuentran bajo investigación por ejecuciones extrajudiciales han incurrido en el delito de tráfico humano al organizarse para buscar a jóvenes que luego mataron y mostraron como guerrilleros abatidos en combate.
El senador opositor Juan Manuel Galán, que ha promovido en el Congreso varios debates sobre los falsos positivos, detalló que los casos de ejecuciones de ese tipo pueden sumar entre mil 500 y 2 mil en la última década.
Sin embargo el presidente de Colombia, Álvaro Uribe resguarda la idea de que el Estado debe defender a los militares y policías que son llevados a los tribunales para contrarrestar la acción de organizaciones no gubernamentales del exterior, que según el mandatario pagan a abogados colombianos para que hagan falsas acusaciones de violaciones de los derechos humanos en el país.
De todas formas, esta conducta está motivada por la presión que Uribe ejerce sobre su ejército para que muestre resultados positivos en la lucha antiguerrillera. Según admitió entonces el propio gobierno, los oficiales implicados se habrían aliado con bandas del narcotráfico para ejecutar los crímenes.
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